viernes, 15 de diciembre de 2017

LA INDEMNIZACIÓN POR CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE UN VUELO CON CONEXIÓN SE CALCULA POR LA DISTANCIA A VUELO DE PÁJARO ENTRE LOS AEROPUERTOS DE SALIDA Y LLEGADA



 

Tres pasajeras que viajaban de Roma a Hamburgo vía Bruselas con la aerolínea Brussels Airlines sufrieron un retraso de tres horas y cincuenta minutos respecto a la hora de llegada inicialmente prevista, lo que les llevó a iniciar un litigio contra la compañía en Hamburgo.

El Reglamento 261/2004 sobre compensación a los pasajeros aéreos prevé que si el retraso supera las tres horas los pasajeros tendrán derecho a una compensación de 250 euros para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros y de 400 euros para los vuelos de más de 1.500 kilómetros que conecten dos Estados miembros.

En este contexto, el tribunal que conoce del asunto planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si, en el caso de un vuelo con correspondencia, la distancia de referencia corresponde a aquella entre el aeropuerto de salida y el de llegada o a aquella efectivamente recorrida.

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 7 de septiembre (Asunto C-559/16), ha recordado que el Reglamento no establece una diferencia dependiendo de que los pasajeros alcancen su destino final mediante un vuelo directo o con escalas. De este modo, los distintos tramos de compensación del Reglamento reflejan las diferencias en la intensidad de las molestias sufridas por no poder reorganizar libremente su desplazamiento y evitar así la pérdida de tiempo derivada de la cancelación o gran retraso de su vuelo. En conclusión, el Tribunal de Justicia ha señalado que la naturaleza del vuelo (directo o con conexión) no tiene impacto sobre la intensidad de la molestia sufrida y por lo tanto sólo procede tomar en consideración la distancia ortodrómica (o a vuelo de pájaro) entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada.

El Tribunal de Justicia aclara que la Comisión no puede denegar el acceso a los escritos de los Estados miembros que obran en su poder por tratarse de documentos relacionados con un procedimiento judicial

En 2011, el Sr. Patrick Breyer solicitó a la Comisión acceso a los escritos que Austria había presentado ante el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento por incumplimiento por la no transposición de la Directiva sobre la conservación de datos, cuya sentencia se dictó el año precedente a la solicitud.

La Comisión denegó el acceso debido a que los documentos no entraban en el ámbito de aplicación del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión; decisión que fue recurrida pro el solicitante ante el Tribunal General de la UE y que fue estimada por dicho Tribunal.

En casación, el Tribunal de Justicia ha confirmado (Asunto C-213/15 P), mediante sentencia de 18 de julio, que el Reglamento es aplicable a una solicitud como la formulada por el Sr. Breyer ya que el hecho de que no sea aplicable a las solicitudes de acceso a los documentos remitidos al Tribunal de Justicia de la UE no significa que los documentos relacionados con la actividad judicial de dicha institución no se hallen dentro del ámbito de aplicación si tales documentos obran en poder de instituciones como la Comisión.

El Reglamento prevé sin embargo excepciones con el objetivo de salvaguardar intereses legítimos de manera que puede denegarse el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales, salvo que su divulgación revista un interés público superior.

En este sentido existe una presunción general de confidencialidad que también se aplica a los escritos presentados por un Estado miembro en un procedimiento judicial, mientras se halla pendiente. Aunque el Reglamento prevé que un Estado miembro pueda solicitar a una institución que no divulgue un documento procedente de éste sin su consentimiento previo, esto no implica un derecho de veto general e incondicional para oponerse discrecionalmente a la divulgación.

Finalmente, cabe destacar que aunque las pretensiones de la Comisión han sido desestimadas, el Tribunal de Justicia ha decretado que el Sr. Breyer cargue con la mitad de las costas del proceso ya que publicó en línea versiones anonimizadas de los escritos presentados en el procedimiento de casación, lo cual implica un uso inadecuado de los escritos procesales, que puede perjudicar la buena administración de la justicia.

Entra en vigor la nueva normativa de homologación europea de los vehículos

El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor el nuevo test de medición de consumo y emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos, también conocido como "WLTP" por sus siglas en inglés. Este test afectará a todo vehículo homologado en Europa, si bien habrá que esperar un año para que resulte aplicable a todos los vehículos matriculados.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

jueves, 14 de diciembre de 2017

¿QUÉ PASA SI TENGO UN ACCIDENTE TRAS LA CENA DE EMPRESA?


 

 

Diciembre es sinónimo de que se acerca la Navidad, uno de los acontecimientos más celebrados en todo el mundo. Es una estación de costumbres: las calles de las ciudades se decoran con luces, los comercios se llenan de juguetes y regalos, y los restaurantes preparan sus menús para las celebraciones familiares… y no tan familiares.

Una de las costumbres que más ha ido arraigando en los últimos años son las tradicionales cenas de empresa. Desde una celebración más informal hasta una gran sesión de team building preparada por la compañía, pocas empresas escapan de este tipo de festividades en las que se aprovecha para convivir con los compañeros en un ambiente distendido y alejado del trabajo.

Nadie prevé que nada malo pueda suceder, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un accidente en el trayecto hacia la cena de empresa? O aún más, ¿qué tratamiento tendría un desafortunado suceso durante la misma? A continuación detallamos los aspectos jurídicos más destacables de las celebraciones de empresa.

 Accidentes laborales o ‘in itinere'

La realidad es que no existe una normativa específica concreta que regule este tipo de acontecimientos y todo dependerá del análisis pormenorizado que un Juez pueda hacer de cada caso.

El artículo 156 de Ley General de la Seguridad Social establece que tendrán consideración de accidentes de trabajo aquellos "ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa" y también los "acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo", entre otros.

Por este motivo, llegado el caso de sufrir un accidente durante la cena o comida de Navidad, un Juez deberá estudiar si estas están organizadas por la compañía, si son de obligado cumplimiento y todos los detalles relacionados con las mismas para determinar si se considera accidente laboral o no.

Y lo mismo sucederá si el accidente se produce de camino o de regreso de la celebración. La jurisprudencia poco a poco ha ido ajustando el concepto de "accidente in itinere", examinando caso a caso, sobre todo con las nuevas situaciones familiares y de desplazamiento de los trabajadores.

Según la jurisprudencia el consumo de alcohol no desvirtúa la calificación de laboral del accidente in itinere salvo que se acredite una relación directa de causalidad entre el accidente y el estado de intoxicación del trabajador.

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

"EDUCACIÓN Y BUENOS MODALES ABREN PUERTAS PRINCIPALES"



EL TRATAR DE USTED, O “USTEO”, UNA NORMA OBLIGATORIA EN JUSTICIA PARA EVITAR PROBLEMAS

La desaparecida -y brillante- magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez siempre hacía uso de un viejo dicho que resumía su filosofía de vida: “Educación y buenos modales abren puertas principales”. Por eso, cuando en las vistas que presidía afloraba el tuteo desde el acusado o los testigos, lo cortaba de raíz.

“¿Qué dice usted?”, le solía decir.Y si la persona persistía hablando de tú, entonces la magistrada le recordaba que se encontraba ante un tribunal de justicia donde se estaban dirimiendo las cosas más importantes que podía poseer un ser humano: su libertad y su patrimonio.

El “usteo”, el tratar de usted a las personas, es una de las reglas básicas que se deben seguir cuando se entra en contacto con el mundo de la justicia, y más cuando se comparece en un juicio.

Aunque pueden darse equívocos muy graciosos, como el caso que cuenta la juez Purificación Pujol en su libro, titulado “Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales”. El juez, ante la persistencia en el tuteo de un joven al abogado que le estaba interrogando, cortó por lo sano diciendo:


– Por favor, háblele al señor letrado de usted.


A lo que el testigo respondió, con cara de perplejidad:

 
– ¿De mí?. ¿Pero qué quieres que le cuente?

 

Los presentes, como era de esperar, estallaron en carcajadas incontenibles y sonoras.

Cuando los ánimos se calmaron, el magistrado recondujo el juicio explicándole de forma muy sencilla que debía utilizar obligatoriamente el “usteo” como señal de respeto a todos y, específicamente, a la función jurisdiccional que allí se estaba ejerciendo.

Y es lógico. Debemos tener muy claro que nuestra vida se desarrolla en diferentes planos.

En unos, como el entorno familiar o entre amigos, el tuteo es lo normal.

También en las aulas, aunque voces tan respetadas como la de Enrique Múgica, el exdefensor del pueblo, aboga por su destierro y su regreso al “usteo”, entre profesores y alumnos, como una forma para recuperar el respeto mutuo.Porque, al final, se trata de esto. Del respeto.

La norma dice que se debe tratar de usted a aquellas personas con las que no tengamos suficiente confianza. Por lo tanto, sería aconsejable tratar de usted a todos aquellos con los que mantengamos relaciones profesionales, como los camareros, telefonistas, dependientes, policías, porteros, médicos y, por supuesto, abogados, fiscales y jueces.

Sólo existe una excepción al “usteo” en las salas de juicios y es cuando comparecen, como testigos, adolescentes de más de 14 años.

Entonces el juez suele preguntarles si prefieren que les tuteen.

Pero sólo en ese caso.

Recuerden la frase de la magistrada Raimunda de Peñafort: “Educación y buenos modales abren puertas principales”.

Porque cuando no existen, se cierran…, a cal y canto.

Sobre estas líneas, la magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez, una de las pioneras españolas, desde la Justicia, en la lucha contra la violencia de género.

Sobre estas líneas, la magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez, una de las pioneras españolas, desde la Justicia, en la lucha contra la violencia de género. Carlos Berbell y Yolanda Rodriguez.

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martes, 12 de diciembre de 2017

GENS


 

 

Institución propia de las sociedades primitivas y de extraordinaria trascendencia en el desarrollo social, político, y cultural de la humanidad.

Algunos antropólogos, sociólogos e historiadores han preferido darle el nombre de clan y se ha propuesto un nuevo termino, "sib". Otros la denominan también grupo gentilicio. El nombre romano gens que ha prevalecido fue generalizado por lewis H. Morgan, aplicándolo a todas las instituciones semejantes de los pueblos antiguos y de los primitivos contemporáneos.

 
La palabra latina gens (gone en griego, ganas en sanscrito) significa primariamente parentesco, y ésta es la base más segura de la institución, porque todo lleva a concluir que era un cuerpo de consanguíneos descendientes de un antepasado común, distinguidos por un nombre gentilicio y ligados por la sangre. La gens, dice fustel de coulanges, no era una Asociación de familias, sino que era la misma familia. Podía indiferentemente no comprender sino una línea o producir ramas numerosas; pero siempre era una familia.

 
Pueden darse como características generales de la gens romana la siguientes, que son las mismas de la griega, y que se hallan también en los pueblos bárbaros y primitivos de toda la tierra, por lo cual los etnólogos designan con el nombre de ordenamiento gentilicio, no sólo la primitiva constitución de los arios, sino una fase general de la humanidad:


1) ritos religiosos comunes; 2) cementerio común; 3) derechos mutuos de sucesión en los bienes de un gentil fallecido; 4) posesión de bienes en común; 5) obligaciones recíprocas de ayuda, defensa y reparación de daños; 6) deber de no contraer matrimonio dentro de la gens; 7) derecho de adoptar extraños en la gens; 8) derecho de llevar el nombre patronímico o gentilicio; 9) subordinación a un jefe y 10) la gens tenía asambleas dictaba leyes y ordenanzas y ejercía jurisdicción y censura sobre los propios miembros.


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lunes, 11 de diciembre de 2017

FACTURAS POR OPERACIONES NO REALIZADAS O EMITIDAS POR FALSOS EMPRESARIOS ¿SON SANCIONABLES?



 

El TEAC en dos resoluciones recientes, ha considerado facturas falsas que constituyen la infracción por incumplir obligaciones de facturación contemplada en el artículo 201 LGT, las emitidas por operaciones que no se han realizado y las emitidas por quien no ejerce una actividad económica.

¿Cabe hablar de dicha infracción cuando la factura es falsa en sí misma, porque no tiene correspondencia con una operación real?

La emisión de facturas falsas, que no se corresponden con una entrega de bienes o prestación de servicios, es uno de los medios habituales para solicitar devoluciones de IVA de forma fraudulenta.

En el caso resuelto por el TEAC el 20 de julio de 2017 (rec. 576/2014), el obligado tributario figuraba como perceptor de rentas de trabajo por cuenta ajena de una entidad de la que era administrador único.

La Inspección Tributaria consideraba probada la imposibilidad material de que el obligado tributario, con los medios materiales y personales a su alcance, hubiera podido prestar servicios por un volumen tan elevado como el que constaba en las facturas aportadas, y llega a la conclusión de que en realidad el obligado está prestando los servicios utilizando la infraestructura de que dispone en su sociedad, con el consiguiente desvío en los ingresos de ésta al obligado tributario, con un coste fiscal mínimo para el obligado tributario que se hallaba incluido dentro del régimen de estimación objetiva en el IRPF y del régimen simplificado de IVA, y por ello no estaba obligado a declarar mayores cuotas de ninguno de ambos impuestos por el hecho de emitir más facturas tributaba por el sistema de módulos, y un beneficio fiscal claro para la sociedad con una menor tributación tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.

Así, tipificó dicha conducta como infracción tributaria muy grave (art. 201.3 LGT), que fue sancionada con multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que había originado la infracción.

En el escrito de interposición del recurso de alzada formula las siguientes alegaciones: inexistencia del correspondiente expediente de comprobación e investigación, el inicio de actuaciones de comprobación e investigación que culminaron con la incoación de actas de conformidad en las que se consideraron perfectamente válidas y deducibles las facturas emitidas, la falta de concreción de los elementos mínimos necesarios para calificar la infracción e imposibilidad del procedimiento sancionador por inexistencia del tipo.

En relación a la inexistencia del correspondiente expediente de comprobación e investigación al concretarse el origen de la actividad inspectora en un requerimiento de obtención de información al obligado tributario, el TEAC ha aclarado que el inicio de un procedimiento sancionador en materia tributaria no siempre tiene que ir unido a un procedimiento de comprobación o investigación, sino que puede tener su origen en los datos y demás información obtenida como consecuencia de un requerimiento de información.

En lo referente a la incoación de las correspondientes Actas de conformidad en las que se consideraron perfectamente válidas y deducibles las facturas emitidas, desestima el TEAC la alegación debido a que de ninguna manera queda acreditado que las facturas emitidas que según el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador impugnado son falsas, no lo son.

Respecto a la falta de concreción de los elementos mínimos necesarios para calificar la infracción, y la falta de contraste o ratificación de la información obrante en la documentación aportada por el contribuyente que alega la parte recurrente, entiende el TEAC que los hechos puestos de manifiesto por la Inspección, permiten, razonablemente, presumir que el recurrente no realizaba una actividad económica, consiguiendo con la emisión de las facturas disminuir la imposición directa e indirecta de las entidades a las que facturaba y no suponiendo esto coste fiscal alguno para el mismo dado el régimen fiscal en el que tributa.

Analiza asimismo el TEAC la alegación basada en la imposibilidad del procedimiento sancionador por inexistencia del tipo en el supuesto de que el obligado tributario no haya emitido facturas con datos falsos o falseados, sino que, directamente, las facturas en sí mismas carezcan de contenido económico, es decir, sean falsas o simuladas sin soportar operaciones reales. Se hace eco de dos sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 2015 y de 6 de julio de 2015, que entienden que la subsunción de la conducta consistente en expedir facturas falsas dentro de la modalidad agravada de la infracción controvertida no violenta los términos del precepto ni desde la perspectiva literal, ni desde el punto metodológico, ni, en fin, desde el prisma axiológico, pues, una factura falsa, por no responder a realidad alguna, no es sino una factura con todos sus datos falsos.

Rechaza que la subsunción en el art. 201.3 LGT de los hechos descritos haya vulnerado el derecho del recurrente a la legalidad penal y sancionadora (art. 25.1 CE).

¿Y si quien comete la infracción no ejerce una actividad económica?

En otra Resolución del TEAC también de 20 de julio de 2017 (rec. 4702/2014) se daba el caso del ejercicio de única actividad económica que estaba artificialmente dividido entre tres obligados tributarios: una sociedad limitada, que tributaba en régimen general del impuesto y es quien desarrollaba efectivamente la actividad, una persona física y una sociedad civil, ambas acogidas al régimen simplificado, todos ellos vinculados entre sí y dados de alta en epígrafes similares del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Así, tipificó dicha conducta como infracción tributaria muy grave (art. 201.3 LGT), que fue sancionada con multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que había originado la infracción.

En el escrito de interposición del recurso de alzada formulaba, entre otras, la alegación de que el acuerdo sancionador vulneraba el principio de tipicidad y el derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución ya que la actuación de la Inspección incumplía el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, con el fin de eludir la prescripción en el ámbito penal de la conducta consistente en la emisión de facturas falsas y que, por otra parte, y que era imposible que un falso empresario que realiza una actividad inexistente incumpla una obligación de facturación.

En relación con la alegación de que el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador vulnere el principio de tipicidad y el derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución (incumplimiento del deber legal de poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal), señala el TEAC que el artículo 180 de la LGT establece que corresponde a la Administración tributaria decidir sobre la gravedad de la conducta realizada. En el caso que analizamos la Inspección no ha apreciado indicios de comisión de delito, por lo que ha continuado el procedimiento, sin que de ello resulte la vulneración de ningún principio.

Respecto a la alegación de que era imposible que un falso empresario que realiza una actividad inexistente incumpla una obligación de facturación. Manifiesta el TEAC que esta tesis lleva a contemplar el Reglamento de Facturación como una norma que recoge únicamente los supuestos en los que resultaría preceptiva la emisión de factura, permitiendo que quien no ostente la condición de empresario y profesional, pueda emitir libremente facturas que no amparen operación alguna. Esta interpretación resulta interesada y ajena al Derecho. Señala que la emisión de la factura constituye un presupuesto formal que hace surgir un crédito frente a la Hacienda Pública en la persona que lo recibe, que es la cuota del IVA que se dice soportada, además de la minoración de la tributación directa, al minorar dicho gasto la cifra de los ingresos y que es claro que el incumplimiento de la obligación de facturación constituye la emisión de facturas con datos falsas o falseados también por quien no ejerce una actividad empresarial o profesional.

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martes, 5 de diciembre de 2017

¿QUÉ ES UNA HIPOTECA INVERSA? 6 RASGOS QUE LA DEFINEN


 

Muchas veces no conocemos la amplitud de productos y servicios que ofrece la banca, o al menos no conocemos en profundidad las características de alguno de ellos. La falta de información nos hace desconfiar y que pasemos por alto “algo” que pudiera ser de nuestro interés y que nos puede llegar a cubrir una necesidad real.

En este sentido nos preguntamos: ¿Sabemos qué es una hipoteca inversa? Quizá muchos sepan de qué se trata a grandes rasgos y otros muchos ni siquiera contemplen que pueda existir este tipo de producto. Pues bien, definámoslo. Según la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, una hipoteca inversa es “un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución”.

Se trata de un producto que por sus características y requisitos está destinado para un pequeño porcentaje de personas, de ahí que quizá sea poco conocido y poco promocionado por las entidades bancarias. Su nombre se debe a que en vez de acudir a la entidad financiera a solicitar un préstamo para la compra de una vivienda, aquí ya se tiene la vivienda y ésta es la garantía del préstamo.

Para ayudarnos en la tarea de conocer mejor este tipo de hipoteca el Banco de España ha elaborado la “Guía de Acceso a la Hipoteca Inversa” con el objetivo de “aclarar posibles dudas e interpretaciones de aquellos consumidores que se planteen acudir a esta vía de financiación”.

Seis características de las hipotecas inversas

Para mayores de 65 años. Es uno de los principales requisitos –tras el de poseer una vivienda en propiedad y que sea la vivienda habitual-. La ley 41/2007 en su Disposición adicional primera Regulación relativa a la hipoteca inversa contempla entre los requisitos que “el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años”. Además también contempla que pueden ser personas afectadas de dependencia o personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Cantidad del préstamo. Para determinar la cantidad que será concedida en la hipoteca inversa intervienen distintos factores. El primero de ellos es el valor de tasación de la vivienda, éste ha de ser el correcto ya que de ello depende que el prestatario obtenga el máximo importe. Junto con el valor de tasación, influyen de forma determinante la edad del solicitante y por consiguiente su esperanza de vida.

Disposición del préstamo periódicamente o de forma única. El importe del préstamo puede ser entregado al titular de una sola vez, es decir, de modo que se entregue todo el capital o bien que se realicen disposiciones periódicas, siendo aquí posibles dos maneras de modo que se realicen durante un tiempo determinado o que se hagan en forma vitalicia. Si se opta por la disposición periódica en modo temporal, desde el momento en que el titular deja de recibir capital, la deuda sigue generando intereses. La opción vitalicia ofrece estabilidad ya que se recibirá capital durante toda la vida del titular –teniendo en cuenta que la suma de cada entrega será menor-.

El acreedor solo puede exigir el pago de la deuda cuando el prestatario fallezca. Antes no es posible, así lo determina la Ley 41/2007 en una de sus disposiciones adicionales “la deuda solo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios”.

Tratamiento fiscal favorable. Ya que las rentas que se reciben conforman un préstamo, no tributan como rendimiento. Además el Banco de España en su guía apunta a que incluso el titular puede alquilar la vivienda y obtener ingresos por ella. En este caso indican que lo más aconsejable es informar a la entidad bancaria de que se va a proceder al alquiler –incluso en algunos casos la entidad exige ser informada-

Si hay herederos, éstos deben cumplir con la obligación adquirida. Al llegar el fallecimiento del titular o del último titular beneficiario, son los herederos los que adquieren un papel protagonista. Tienen distintas opciones: dejar que el banco adquiera la titularidad de la propiedad que figuraba como garantía conforme al contrato de hipoteca inversa que el fallecido estableció, mantener la propiedad de la vivienda y para ello deberán pagar el préstamo junto con sus intereses –es decir proceder a la cancelación del préstamo por el que la entidad no puede aplicar una comisión por cancelación-, o bien vender la propiedad y que con la venta se satisfaga la deuda contraída –siempre que esta opción sea viable-.

La ley anteriormente mencionada indica la importancia de la existencia de este tipo de productos “que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta”.

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lunes, 4 de diciembre de 2017

SI TE TOCA UNA CESTA EN EL SORTEO DE NAVIDAD, DEBERÍAS PAGAR A HACIENDA POR ELLA



 

Participar en rifas o comprar papeletas en numerosos locales de barrio, hipermercados, peluquerías, bares, donde el premio es una cesta navideña o lote de productos, es otra de las costumbres más arraigadas de estas fiestas, cuyos premios se adjudican en función del número que resulte agraciado en el tradicional Sorteo de Navidad.

No es lo mismo la cesta ganada en un sorteo que la entregada por la empresa como regalo. Una será una ganancia patrimonial y otra una retribución en especie.

Pero, pese a que no es nada habitual que el ganador lo declare, ni que Hacienda lo reclame, la ley especifica que cualquier ganancia patrimonial debería declararse en el IRPF, no siendo indiferente, por tanto,  las cestas y macrocestas sorteadas según el número ganador del Sorteo de Navidad.

Teniendo esto en cuenta, el contribuyente debería declarar también, por ejemplo, los regalos que recibe los días previos a su boda, las conocidas como "galas", o incluso las cestas de Navidad con las que las empresas obsequian a sus trabajadores en estas fechas.

En este punto,  existen diferencias entre las cestas que regalan las empresas a sus empleados y las que cualquiera podemos ganar en una rifa o sorteo. En el primer supuesto, es decir, la cesta de empresa, se consideraría como retribución en especie, con lo cual habría que valorar a precio de mercado esos artículos y se sumaría al salario, en el apartado de las retribuciones en especie; mientras que en el segundo caso, las cestas asociadas por ejemplo al Sorteo de Navidad del hipermercado, bar o peluquería del barrio, según recoge la Ley del IRPF, se consideran ganancias patrimoniales, que, como no derivan de la transmisión de un elemento patrimonial, van a la base general y el valor será el de mercado.

Es decir, si el próximo día 22 participamos en algún sorteo y resultamos ganadores de una gran cesta, la Ley del IRPF recoge que deberemos tributar por ello en la base general de la Declaración del IRPF correspondiente a ese ejercicio.

Ganancias en especie: Macrocestas, motocicletas, viajes, automóviles...

Es muy habitual también que, como indicábamos, además de papeletas o décimos, se apueste en tiendas y locales comerciales por rifas que cuyo ganador obtendrá llamativos artículos, desde última tecnología hasta bicicletas, automóviles, motocicletas, etcétera. En esta circunstancia, los premiados necesitarán disponer de liquidez, pues deberán hacer frente también al pago correspondiente a Hacienda por dicha ganancia patrimonial. Una alegría que finalmente se puede volver un quebradero de cabeza, pues la Agencia Tributaria obligará a su beneficiario a tributar por el premio obtenido.

Cuando esas "macrocestas" se componen de motos y coches, el afortunado deberá, además, pagar el correspondiente impuesto de matriculación, circulación y los cambios de titularidad en Tráfico. Cuando se trata de una vivienda, también deberá hacer frente a los correspondientes tributos que lleva consigo una transmisión de vivienda.

Pese a que lo habitual es que este tipo de premios no se declare, a no ser que su valor sea cuantioso, lo que debemos tener presente es que la legislación española contempla la tributación por dichas ganancias y estará en cada ciudadano declarar o no esos premios en la base general del IRPF.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.