viernes, 20 de octubre de 2017

DENUNCIA, QUERELLA Y DEMANDA. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS


 



DENUNCIA, QUERELLA Y DEMANDA

La diferencia entre denuncia, querella y demanda, viene a ser la diferencia entre el ámbito penal u otro ámbito de un procedimiento. Si el procedimiento va a seguirse por un ámbito penal se podrá interponer una denuncia o una querella y la demanda se podrá interponer en cualquiera de los tres ámbitos restantes (aunque en el contencioso administrativo se hable de recurso, dicho recurso se formaliza en forma de demanda).

DENUNCIA.

Definida entre los arts. 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Es el acto mediante el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente (Ministerio Fiscal, Juez o funcionario encargado de la comprobación de la denuncia) de un hecho presuntamente delictivo.
Este acto puede ser verbal o escrito. Puede denunciar una persona o por mandatario con poder especial (imaginemos un hecho delictivo que pueda afectar a una empresa, la empresa no puede denunciar, pero un trabajador con poder especial sí).
El denunciante no contrae más responsabilidad que la que puede estar cometiendo en caso de estar denunciando falsamente.
No por el hecho de denunciar podemos acusar. El denunciador no tiene por qué ser el perjudicado (podemos denunciar un robo que estamos presenciando y no por ello tenemos que ser la persona a quien se está robando). El perjudicado puede personarse como acusación particular en el procedimiento. Sino lo hace, exceptuando los delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte, el Ministerio Fiscal ejercerá la acusación.
Lo normal es denunciar a la Comisaría de Policía más cercana, donde nos transcribirán la denuncia verbal o recogerán la denuncia escrita. En el Juzgado de Guardia también están obligados a recoger las denuncias escritas.
El denunciante no es anónimo. El denunciado conocerá los nombres y apellidos de su denunciador, aunque este no sea el perjudicado.
Cualquier persona que presencie un hecho delictivo tiene la obligación de denunciarlo (art. 259 LECrim), aunque la multa por no hacerlo es tremendamente graciosa.
Hay una clara diferencia entre la persona que denuncia y el perjudicado por el hecho delictivo.
El atestado policial será una forma más de denuncia. Ya sea porque en él se transcribe una denuncia verbal o porque los mismos agentes denuncian un presunto hecho delictivo. 


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jueves, 19 de octubre de 2017

JUSTICIA CONTINUA CON LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO ENTRE JUECES, FISCALES Y LETRADOS



 
El Ministerio de Justicia continúa con la implantación de los medios que faciliten a unos 2.500 jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales de su ámbito competencial, el acceso al sistema de Justicia Digital desde ubicaciones distintas de sus sedes físicas habituales.
Esta medida, puesta en marcha a comienzos de 2017, pretende permitir el proceso de tramitación electrónica del procedimiento judicial y la gestión de los expedientes judiciales electrónicos con todas sus funcionalidades, incluida la firma electrónica, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con todas las garantías de seguridad.
Para ello se está facilitando a estos profesionales un equipamiento consistente en un dispositivo portátil Microsoft Surface pro 4 con Windows 10 y sus accesorios asociados, como estación de carga Dock station, teclado y lector de tarjeta inalámbrico.
Despliegue en tres fases
La previsión de despliegue de los puestos móviles de trabajo durante el 2017 y 2018 es de más de 2.500 puestos de trabajo del ámbito territorial competencia del Ministerio de Justicia. La dotación se está realizando de forma progresiva en 3 fases:
Fase I (diciembre de 2016 a julio 2017)
El alcance inicial previsto se orientaba a la distribución de esta solución de movilidad a unos 700 usuarios, entre magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Para ello, el 20 de diciembre de 2016 se realizó un piloto en el partido judicial de Cáceres con 51 usuarios. Su objetivo fue realizar ajustes en el funcionamiento de los dispositivos y distintas pruebas controladas para obtener el máximo beneficio y rendimiento de estos equipos.
El proceso continuó el 7 de febrero de 2017 en Burgos, afectando a 81 usuarios. Posteriormente, se planteó un calendario de implantación para los partidos judiciales de Segovia, Palencia, Salamanca, Cuenca, Palma de Mallorca, Eivissa, Tribunal Supremo- Sala Social, Ciudad Real, Melilla, Guadalajara, Badajoz y Ponferrada.
En esta fase se distribuyeron un total de 660 puestos de trabajo móvil (370 para jueces y magistrados, 265 para letrados de la Administración de y 25 para fiscales) en 11 partidos judiciales y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Fase II
En noviembre se pondrá en marcha la Fase II que incluye la dotación de más de 750 puestos de trabajo móvil (aproximadamente 355 para jueces y magistrados, casi 270 para letrados de la Administración de Justicia y unos 130 para fiscales)
Fase III
Están en proceso de compra un total de algo más de 1.100 puestos móviles que se distribuirán en el primer semestre de 2018.
Según recoge el último número de la revista electrónica Justicia Digital, editada por el departamento que dirige Rafael Catalá, la planificación se está ejecutando conforme al calendario de implantación de los sistemas Justicia digital y Fiscalía digital y en función de la ejecución de los expedientes de compra y la disponibilidad del equipamiento.


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miércoles, 18 de octubre de 2017

LOS GASTOS DE LA 'VUELTA AL COLE' SON PARTE DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS



Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Se estima el recurso de casación. El Tribunal Supremo establece que "son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes".
La sentencia, de 13 de septiembre de 2017, recuerda que, por el contrario, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. "Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos", explica el fallo del Supremo.
El asunto parte de la sentencia de primera instancia que concluyó que las nuevas cargas familiares por si solas no justifican una modificación de las medidas, en concreto, del pago de pensión de alimentos que fue acordada en el procedimiento matrimonial, y en cuanto, a la petición formulada en relación a los gastos extraordinarios y el cambio de domicilio, no procedía hacer ningún pronunciamiento al no haberse razonado, ni fundamentado el cambio producido en esos dos aspectos.
El demandante formuló recurso de apelación a este fallo y la Audiencia Provincial de Jaén estimó en parte el recurso de apelación interpuesto, y revocó la sentencia de primera instancia, y estimó en parte la demanda fijando la cuantía de la pensión de alimentos en la cantidad de 206 euros mensuales, actualizables conforme al IPC anualmente. Ese fallo fijó como gastos extraordinarios que deben sufragarse al 50% los referidos a la actividad escolar y universitaria en su caso, tales como libros, matrículas, academias, actividades extraescolares, viajes escolares y de formación. También los de naturaleza médica no cubiertos por la Seguridad Social, tales como oftalmología, odontología, fisioterapia etc; siendo necesario el consentimiento del que se pretenda obligar, salvo en relación a los que resulten urgentes y perentorios, para su reclamación al mismo.
Sin embargo, el magistrado entiende que esta sentencia "contraviene el interés legítimo de la alimentista, pues los gastos de educación están dentro de la pensión de alimentos y no pueden ser excluidos de la misma como hace la sentencia recurrida". Además, concluye que "la doctrina vino a ser aplicada por la sentencia 557/2016, de 21 de septiembre, que en aplicación de ella, declaró que los gastos escolares deben entenderse como ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo".

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martes, 17 de octubre de 2017

DENEGADO VISADO DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR POR NO QUEDAR ACREDITADA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA MADRE

En el presente caso, se valora especialmente que no puede dar por probado que el solicitante esté a cargo de su madre dado que no consta que éste tenga capacidad económica para mantener a su hijo, además ha solicitado el beneficio de justicia gratuita y no se sabe si trabaja o tiene rentas resultando ignoto cómo pudo enviar tales sumas a su hijo, ni que su hijo necesite de su ayuda para satisfacer sus necesidades básicas dado que, además de contar con un trabajo estable, no consta cuál es realmente su situación económica ya que se desconoce si tiene algún tipo de patrimonio y si éste le produce o no rentas de alguna clase.

 Tampoco consta que viva con una hermana de su madre, y que si la hija que tiene fuera una carga derivada de la separación debería existir algún documento que así lo acreditara, aunque, en todo caso, se presupone el derecho de alimentos de la niña pero de la demanda parece deducirse que no tiene ninguna relación con la misma. Tampoco debe perderse de vista que el padre del solicitante vive y no consta en el certificado de empadronamiento de la madre por lo que debe suponerse que vive en Santo Domingo y con ello hubiera sido conveniente saber qué relación mantiene con el mismo y si en esas supuestas necesidades de subsistencia también contribuye.

 Por todo ello, el mero compromiso del ciudadano comunitario o de su cónyuge, de asumir a su cargo a los miembros de la familia de que se trata no demuestra que exista una situación real de dependencia de éstos.

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lunes, 16 de octubre de 2017

UN APODERADO PUEDE SER CONDENADO POR EL ALZAMIENTO DE UNOS BIENES DE LOS QUE NO ES PROPIETARIO


               



En el caso planteado, el apoderado no es dueño de los bienes sobre los que se actuó para alzarlos, y tampoco era deudor respecto de los créditos que se dicen frustrados a causa de su comportamiento.

Sin embargo, el Tribunal supremo concluye que la condición de apoderado de la entidad, que sí era deudora de los créditos permite calificar el hecho como típico, además de la asunción voluntaria de la condición de depositario de los bienes tras su embargo. En consecuencia, todos los actos realizados, le atribuyen la condición de administrador de la sociedad y se puede afirmar su autoría de hecho al amparo del artículo 31 del Código Penal.

En este sentido, cuando el sujeto es criminalmente responsable por realizar actos que dilatan, dificulten o impidan la eficacia del embargo con frustración de aquel derecho de realización de valor, surge, no solamente una responsabilidad penal, sino la civil que obliga a reparar ese daño cualitativamente diverso de la deuda que se garantiza con el gravamen. Y también cuantitativamente determinable. El importe máximo será el de la deuda cuyo pago frustra el alzamiento. Pero tampoco podrá superar el valor del patrimonio disponible por el deudor al tiempo del alzamiento.

Por ello, si al tiempo del alzamiento, el valor de los bienes sustraídos a responsabilidad -dificultando el embargo o mediante otro acto- era inferior al de la deuda del autor del delito, la responsabilidad civil anudada a la penal de éste quedará limitada a dicho inferior valor.

El socio único de la sociedad deudora beneficiada por el alzamiento responde civilmente hasta el límite de ese beneficio. La atenuante de dilaciones indebidas no es predicable respecto de la entidad temporal medida desde la fecha del hecho, sino desde la iniciación de la tramitación de la causa. Por otro lado,  decir que la atenuante de dilaciones indebidas solamente cabe referirla a la responsabilidad penal y no trascender esa circunstancia a la responsabilidad civil.

 
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miércoles, 11 de octubre de 2017

CURATELA


 

La curatela es una de las formas de guarda legal previstas en nuestra legislación. Se distingue de la tutela en tener una finalidad de asistencia, más que de representación, para aquellos actos que se determinen en la ley o en la propia sentencia de incapacitación. Tiene objeto patrimonial y aunque es de carácter estable, la actuación del curador es intermitente.

Las personas que estarán sujetas a curatela son:

Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley.

Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

Los declarados pródigos o cuando la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

En estos casos las personas sometidas a curatela pueden actuar por sí mismas, pero su capacidad se encuentra limitada exigiéndose la asistencia del curador como y por ello el Código Civil establece que la curatela no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos y en el caso de incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido y si la sentencia nada hubiera especificado, será necesaria la intervención del curador para los mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial.

Respecto a las normas de nombramiento, excusa y remoción, la ley se remite a las reglas de la tutela y si el sometido a curatela hubiese estado antes bajo tutela, será curador quien hubiera sido tutor, salvo que el Juez disponga otra cosa.

Los actos realizados por la persona sujeta a curatela sin la intervención del curador están sometidos a las reglas de la anulabilidad

Hay que tener en cuenta también que la reforma de la Jurisdicción Voluntaria en vigor desde el 23 de julio de 2015 recoge entre los expedientes en materia de personas el de la tutela, la curatela y la guarda de hecho, indicando que será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona con capacidad modificada judicialmente. No será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador, salvo en lo relativo a la remoción del tutor o curador en el que será necesaria la intervención de Abogado. Estos expedientes de jurisdicción voluntaria se aplican para la constitución de la tutela y de la curatela, siempre que no se solicite dicha constitución en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona. Se indicarán los parientes más próximos, en su caso el testamento de los padres o el documento público notarial otorgado por el propio afectado en los que se disponga sobre la tutela o la curatela. Se oirá al promotor, en su caso al designado, al afectado, a los parientes más próximos y al Ministerio Fiscal y el Juez designará tutor o curador. El Juez podrá exigirle la constitución de fianza. El designado también deberá presentar inventario de bienes y puede solicitar una retribución si el patrimonio lo permite. 

Referencia legal

    art.215, art.286 a 297, art.1301 de RD de 24 julio 1889, Código Civil

    art.760 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil

    arts. 43 a 51 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

 

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viernes, 6 de octubre de 2017

EN URBANISMO EL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO



 
El Tribunal Supremo, ha establecido en una reciente sentencia que  el concepto de modificación «sustancial» es un concepto jurídico indeterminado que ha de acotarse en cada supuesto concreto, debiendo entender por variación sustancial del planeamiento aquella que implica una modificación sustancial del modelo territorial concebido por el Plan.

La modificación sustancial ha de contemplarse, desde la perspectiva que suministra examinar el Plan en su conjunto. Ello comporta, por regla general, que las modificaciones concretas y específicas del planeamiento, por muy importantes y sustanciales que resulten para los propietarios de los terrenos afectados, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su conjunto.

En el caso enjuiciado, la finca de los recurrentes no cuenta con los servicios exigidos para su consideración jurídica como suelo urbano. Por ello, a la vista de los hechos se concluye que ante una parcela aislada aunque colindante con zona urbana, sin que su integración en la malla urbana se produzca, en modo alguno, en un grado razonablemente suficiente como para entender que participa de sus características y forma parte de la misma.

Con tal situación, se establece que la finca del recurrente no puede ser considerada urbanísticamente como suelo urbano. Por ello los recurrentes llegan a aceptar dichas deficiencias, así como su obligación de sufragar los gastos derivados de las obras de conexión. No se trata, pues, de una actuación aislada en la que tan solo estuviera implicada la propiedad del recurrente, sino de una actuación urbanizadora global, integrada en el marco de una Unidad de Ejecución, y en la que no resulta posible desgajar o aislar las obras directamente relacionadas con la finca de la recurrente.

La parcela, aislada a la que llega luz y agua, no se encuentra consolidada por la edificación existente, pretendiendo verse beneficiada por las nuevas infraestructuras colindantes.


Contenido curado por Isabel Asolo Libano (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.