viernes, 15 de diciembre de 2017

LA INDEMNIZACIÓN POR CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE UN VUELO CON CONEXIÓN SE CALCULA POR LA DISTANCIA A VUELO DE PÁJARO ENTRE LOS AEROPUERTOS DE SALIDA Y LLEGADA



 

Tres pasajeras que viajaban de Roma a Hamburgo vía Bruselas con la aerolínea Brussels Airlines sufrieron un retraso de tres horas y cincuenta minutos respecto a la hora de llegada inicialmente prevista, lo que les llevó a iniciar un litigio contra la compañía en Hamburgo.

El Reglamento 261/2004 sobre compensación a los pasajeros aéreos prevé que si el retraso supera las tres horas los pasajeros tendrán derecho a una compensación de 250 euros para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros y de 400 euros para los vuelos de más de 1.500 kilómetros que conecten dos Estados miembros.

En este contexto, el tribunal que conoce del asunto planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si, en el caso de un vuelo con correspondencia, la distancia de referencia corresponde a aquella entre el aeropuerto de salida y el de llegada o a aquella efectivamente recorrida.

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 7 de septiembre (Asunto C-559/16), ha recordado que el Reglamento no establece una diferencia dependiendo de que los pasajeros alcancen su destino final mediante un vuelo directo o con escalas. De este modo, los distintos tramos de compensación del Reglamento reflejan las diferencias en la intensidad de las molestias sufridas por no poder reorganizar libremente su desplazamiento y evitar así la pérdida de tiempo derivada de la cancelación o gran retraso de su vuelo. En conclusión, el Tribunal de Justicia ha señalado que la naturaleza del vuelo (directo o con conexión) no tiene impacto sobre la intensidad de la molestia sufrida y por lo tanto sólo procede tomar en consideración la distancia ortodrómica (o a vuelo de pájaro) entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada.

El Tribunal de Justicia aclara que la Comisión no puede denegar el acceso a los escritos de los Estados miembros que obran en su poder por tratarse de documentos relacionados con un procedimiento judicial

En 2011, el Sr. Patrick Breyer solicitó a la Comisión acceso a los escritos que Austria había presentado ante el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento por incumplimiento por la no transposición de la Directiva sobre la conservación de datos, cuya sentencia se dictó el año precedente a la solicitud.

La Comisión denegó el acceso debido a que los documentos no entraban en el ámbito de aplicación del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión; decisión que fue recurrida pro el solicitante ante el Tribunal General de la UE y que fue estimada por dicho Tribunal.

En casación, el Tribunal de Justicia ha confirmado (Asunto C-213/15 P), mediante sentencia de 18 de julio, que el Reglamento es aplicable a una solicitud como la formulada por el Sr. Breyer ya que el hecho de que no sea aplicable a las solicitudes de acceso a los documentos remitidos al Tribunal de Justicia de la UE no significa que los documentos relacionados con la actividad judicial de dicha institución no se hallen dentro del ámbito de aplicación si tales documentos obran en poder de instituciones como la Comisión.

El Reglamento prevé sin embargo excepciones con el objetivo de salvaguardar intereses legítimos de manera que puede denegarse el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales, salvo que su divulgación revista un interés público superior.

En este sentido existe una presunción general de confidencialidad que también se aplica a los escritos presentados por un Estado miembro en un procedimiento judicial, mientras se halla pendiente. Aunque el Reglamento prevé que un Estado miembro pueda solicitar a una institución que no divulgue un documento procedente de éste sin su consentimiento previo, esto no implica un derecho de veto general e incondicional para oponerse discrecionalmente a la divulgación.

Finalmente, cabe destacar que aunque las pretensiones de la Comisión han sido desestimadas, el Tribunal de Justicia ha decretado que el Sr. Breyer cargue con la mitad de las costas del proceso ya que publicó en línea versiones anonimizadas de los escritos presentados en el procedimiento de casación, lo cual implica un uso inadecuado de los escritos procesales, que puede perjudicar la buena administración de la justicia.

Entra en vigor la nueva normativa de homologación europea de los vehículos

El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor el nuevo test de medición de consumo y emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos, también conocido como "WLTP" por sus siglas en inglés. Este test afectará a todo vehículo homologado en Europa, si bien habrá que esperar un año para que resulte aplicable a todos los vehículos matriculados.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

jueves, 14 de diciembre de 2017

¿QUÉ PASA SI TENGO UN ACCIDENTE TRAS LA CENA DE EMPRESA?


 

 

Diciembre es sinónimo de que se acerca la Navidad, uno de los acontecimientos más celebrados en todo el mundo. Es una estación de costumbres: las calles de las ciudades se decoran con luces, los comercios se llenan de juguetes y regalos, y los restaurantes preparan sus menús para las celebraciones familiares… y no tan familiares.

Una de las costumbres que más ha ido arraigando en los últimos años son las tradicionales cenas de empresa. Desde una celebración más informal hasta una gran sesión de team building preparada por la compañía, pocas empresas escapan de este tipo de festividades en las que se aprovecha para convivir con los compañeros en un ambiente distendido y alejado del trabajo.

Nadie prevé que nada malo pueda suceder, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un accidente en el trayecto hacia la cena de empresa? O aún más, ¿qué tratamiento tendría un desafortunado suceso durante la misma? A continuación detallamos los aspectos jurídicos más destacables de las celebraciones de empresa.

 Accidentes laborales o ‘in itinere'

La realidad es que no existe una normativa específica concreta que regule este tipo de acontecimientos y todo dependerá del análisis pormenorizado que un Juez pueda hacer de cada caso.

El artículo 156 de Ley General de la Seguridad Social establece que tendrán consideración de accidentes de trabajo aquellos "ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa" y también los "acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo", entre otros.

Por este motivo, llegado el caso de sufrir un accidente durante la cena o comida de Navidad, un Juez deberá estudiar si estas están organizadas por la compañía, si son de obligado cumplimiento y todos los detalles relacionados con las mismas para determinar si se considera accidente laboral o no.

Y lo mismo sucederá si el accidente se produce de camino o de regreso de la celebración. La jurisprudencia poco a poco ha ido ajustando el concepto de "accidente in itinere", examinando caso a caso, sobre todo con las nuevas situaciones familiares y de desplazamiento de los trabajadores.

Según la jurisprudencia el consumo de alcohol no desvirtúa la calificación de laboral del accidente in itinere salvo que se acredite una relación directa de causalidad entre el accidente y el estado de intoxicación del trabajador.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

"EDUCACIÓN Y BUENOS MODALES ABREN PUERTAS PRINCIPALES"



EL TRATAR DE USTED, O “USTEO”, UNA NORMA OBLIGATORIA EN JUSTICIA PARA EVITAR PROBLEMAS

La desaparecida -y brillante- magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez siempre hacía uso de un viejo dicho que resumía su filosofía de vida: “Educación y buenos modales abren puertas principales”. Por eso, cuando en las vistas que presidía afloraba el tuteo desde el acusado o los testigos, lo cortaba de raíz.

“¿Qué dice usted?”, le solía decir.Y si la persona persistía hablando de tú, entonces la magistrada le recordaba que se encontraba ante un tribunal de justicia donde se estaban dirimiendo las cosas más importantes que podía poseer un ser humano: su libertad y su patrimonio.

El “usteo”, el tratar de usted a las personas, es una de las reglas básicas que se deben seguir cuando se entra en contacto con el mundo de la justicia, y más cuando se comparece en un juicio.

Aunque pueden darse equívocos muy graciosos, como el caso que cuenta la juez Purificación Pujol en su libro, titulado “Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales”. El juez, ante la persistencia en el tuteo de un joven al abogado que le estaba interrogando, cortó por lo sano diciendo:


– Por favor, háblele al señor letrado de usted.


A lo que el testigo respondió, con cara de perplejidad:

 
– ¿De mí?. ¿Pero qué quieres que le cuente?

 

Los presentes, como era de esperar, estallaron en carcajadas incontenibles y sonoras.

Cuando los ánimos se calmaron, el magistrado recondujo el juicio explicándole de forma muy sencilla que debía utilizar obligatoriamente el “usteo” como señal de respeto a todos y, específicamente, a la función jurisdiccional que allí se estaba ejerciendo.

Y es lógico. Debemos tener muy claro que nuestra vida se desarrolla en diferentes planos.

En unos, como el entorno familiar o entre amigos, el tuteo es lo normal.

También en las aulas, aunque voces tan respetadas como la de Enrique Múgica, el exdefensor del pueblo, aboga por su destierro y su regreso al “usteo”, entre profesores y alumnos, como una forma para recuperar el respeto mutuo.Porque, al final, se trata de esto. Del respeto.

La norma dice que se debe tratar de usted a aquellas personas con las que no tengamos suficiente confianza. Por lo tanto, sería aconsejable tratar de usted a todos aquellos con los que mantengamos relaciones profesionales, como los camareros, telefonistas, dependientes, policías, porteros, médicos y, por supuesto, abogados, fiscales y jueces.

Sólo existe una excepción al “usteo” en las salas de juicios y es cuando comparecen, como testigos, adolescentes de más de 14 años.

Entonces el juez suele preguntarles si prefieren que les tuteen.

Pero sólo en ese caso.

Recuerden la frase de la magistrada Raimunda de Peñafort: “Educación y buenos modales abren puertas principales”.

Porque cuando no existen, se cierran…, a cal y canto.

Sobre estas líneas, la magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez, una de las pioneras españolas, desde la Justicia, en la lucha contra la violencia de género.

Sobre estas líneas, la magistrada Raimunda de Peñafort Lorente Martínez, una de las pioneras españolas, desde la Justicia, en la lucha contra la violencia de género. Carlos Berbell y Yolanda Rodriguez.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

martes, 12 de diciembre de 2017

GENS


 

 

Institución propia de las sociedades primitivas y de extraordinaria trascendencia en el desarrollo social, político, y cultural de la humanidad.

Algunos antropólogos, sociólogos e historiadores han preferido darle el nombre de clan y se ha propuesto un nuevo termino, "sib". Otros la denominan también grupo gentilicio. El nombre romano gens que ha prevalecido fue generalizado por lewis H. Morgan, aplicándolo a todas las instituciones semejantes de los pueblos antiguos y de los primitivos contemporáneos.

 
La palabra latina gens (gone en griego, ganas en sanscrito) significa primariamente parentesco, y ésta es la base más segura de la institución, porque todo lleva a concluir que era un cuerpo de consanguíneos descendientes de un antepasado común, distinguidos por un nombre gentilicio y ligados por la sangre. La gens, dice fustel de coulanges, no era una Asociación de familias, sino que era la misma familia. Podía indiferentemente no comprender sino una línea o producir ramas numerosas; pero siempre era una familia.

 
Pueden darse como características generales de la gens romana la siguientes, que son las mismas de la griega, y que se hallan también en los pueblos bárbaros y primitivos de toda la tierra, por lo cual los etnólogos designan con el nombre de ordenamiento gentilicio, no sólo la primitiva constitución de los arios, sino una fase general de la humanidad:


1) ritos religiosos comunes; 2) cementerio común; 3) derechos mutuos de sucesión en los bienes de un gentil fallecido; 4) posesión de bienes en común; 5) obligaciones recíprocas de ayuda, defensa y reparación de daños; 6) deber de no contraer matrimonio dentro de la gens; 7) derecho de adoptar extraños en la gens; 8) derecho de llevar el nombre patronímico o gentilicio; 9) subordinación a un jefe y 10) la gens tenía asambleas dictaba leyes y ordenanzas y ejercía jurisdicción y censura sobre los propios miembros.


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lunes, 11 de diciembre de 2017

FACTURAS POR OPERACIONES NO REALIZADAS O EMITIDAS POR FALSOS EMPRESARIOS ¿SON SANCIONABLES?



 

El TEAC en dos resoluciones recientes, ha considerado facturas falsas que constituyen la infracción por incumplir obligaciones de facturación contemplada en el artículo 201 LGT, las emitidas por operaciones que no se han realizado y las emitidas por quien no ejerce una actividad económica.

¿Cabe hablar de dicha infracción cuando la factura es falsa en sí misma, porque no tiene correspondencia con una operación real?

La emisión de facturas falsas, que no se corresponden con una entrega de bienes o prestación de servicios, es uno de los medios habituales para solicitar devoluciones de IVA de forma fraudulenta.

En el caso resuelto por el TEAC el 20 de julio de 2017 (rec. 576/2014), el obligado tributario figuraba como perceptor de rentas de trabajo por cuenta ajena de una entidad de la que era administrador único.

La Inspección Tributaria consideraba probada la imposibilidad material de que el obligado tributario, con los medios materiales y personales a su alcance, hubiera podido prestar servicios por un volumen tan elevado como el que constaba en las facturas aportadas, y llega a la conclusión de que en realidad el obligado está prestando los servicios utilizando la infraestructura de que dispone en su sociedad, con el consiguiente desvío en los ingresos de ésta al obligado tributario, con un coste fiscal mínimo para el obligado tributario que se hallaba incluido dentro del régimen de estimación objetiva en el IRPF y del régimen simplificado de IVA, y por ello no estaba obligado a declarar mayores cuotas de ninguno de ambos impuestos por el hecho de emitir más facturas tributaba por el sistema de módulos, y un beneficio fiscal claro para la sociedad con una menor tributación tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.

Así, tipificó dicha conducta como infracción tributaria muy grave (art. 201.3 LGT), que fue sancionada con multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que había originado la infracción.

En el escrito de interposición del recurso de alzada formula las siguientes alegaciones: inexistencia del correspondiente expediente de comprobación e investigación, el inicio de actuaciones de comprobación e investigación que culminaron con la incoación de actas de conformidad en las que se consideraron perfectamente válidas y deducibles las facturas emitidas, la falta de concreción de los elementos mínimos necesarios para calificar la infracción e imposibilidad del procedimiento sancionador por inexistencia del tipo.

En relación a la inexistencia del correspondiente expediente de comprobación e investigación al concretarse el origen de la actividad inspectora en un requerimiento de obtención de información al obligado tributario, el TEAC ha aclarado que el inicio de un procedimiento sancionador en materia tributaria no siempre tiene que ir unido a un procedimiento de comprobación o investigación, sino que puede tener su origen en los datos y demás información obtenida como consecuencia de un requerimiento de información.

En lo referente a la incoación de las correspondientes Actas de conformidad en las que se consideraron perfectamente válidas y deducibles las facturas emitidas, desestima el TEAC la alegación debido a que de ninguna manera queda acreditado que las facturas emitidas que según el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador impugnado son falsas, no lo son.

Respecto a la falta de concreción de los elementos mínimos necesarios para calificar la infracción, y la falta de contraste o ratificación de la información obrante en la documentación aportada por el contribuyente que alega la parte recurrente, entiende el TEAC que los hechos puestos de manifiesto por la Inspección, permiten, razonablemente, presumir que el recurrente no realizaba una actividad económica, consiguiendo con la emisión de las facturas disminuir la imposición directa e indirecta de las entidades a las que facturaba y no suponiendo esto coste fiscal alguno para el mismo dado el régimen fiscal en el que tributa.

Analiza asimismo el TEAC la alegación basada en la imposibilidad del procedimiento sancionador por inexistencia del tipo en el supuesto de que el obligado tributario no haya emitido facturas con datos falsos o falseados, sino que, directamente, las facturas en sí mismas carezcan de contenido económico, es decir, sean falsas o simuladas sin soportar operaciones reales. Se hace eco de dos sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 2015 y de 6 de julio de 2015, que entienden que la subsunción de la conducta consistente en expedir facturas falsas dentro de la modalidad agravada de la infracción controvertida no violenta los términos del precepto ni desde la perspectiva literal, ni desde el punto metodológico, ni, en fin, desde el prisma axiológico, pues, una factura falsa, por no responder a realidad alguna, no es sino una factura con todos sus datos falsos.

Rechaza que la subsunción en el art. 201.3 LGT de los hechos descritos haya vulnerado el derecho del recurrente a la legalidad penal y sancionadora (art. 25.1 CE).

¿Y si quien comete la infracción no ejerce una actividad económica?

En otra Resolución del TEAC también de 20 de julio de 2017 (rec. 4702/2014) se daba el caso del ejercicio de única actividad económica que estaba artificialmente dividido entre tres obligados tributarios: una sociedad limitada, que tributaba en régimen general del impuesto y es quien desarrollaba efectivamente la actividad, una persona física y una sociedad civil, ambas acogidas al régimen simplificado, todos ellos vinculados entre sí y dados de alta en epígrafes similares del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Así, tipificó dicha conducta como infracción tributaria muy grave (art. 201.3 LGT), que fue sancionada con multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que había originado la infracción.

En el escrito de interposición del recurso de alzada formulaba, entre otras, la alegación de que el acuerdo sancionador vulneraba el principio de tipicidad y el derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución ya que la actuación de la Inspección incumplía el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, con el fin de eludir la prescripción en el ámbito penal de la conducta consistente en la emisión de facturas falsas y que, por otra parte, y que era imposible que un falso empresario que realiza una actividad inexistente incumpla una obligación de facturación.

En relación con la alegación de que el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador vulnere el principio de tipicidad y el derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución (incumplimiento del deber legal de poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal), señala el TEAC que el artículo 180 de la LGT establece que corresponde a la Administración tributaria decidir sobre la gravedad de la conducta realizada. En el caso que analizamos la Inspección no ha apreciado indicios de comisión de delito, por lo que ha continuado el procedimiento, sin que de ello resulte la vulneración de ningún principio.

Respecto a la alegación de que era imposible que un falso empresario que realiza una actividad inexistente incumpla una obligación de facturación. Manifiesta el TEAC que esta tesis lleva a contemplar el Reglamento de Facturación como una norma que recoge únicamente los supuestos en los que resultaría preceptiva la emisión de factura, permitiendo que quien no ostente la condición de empresario y profesional, pueda emitir libremente facturas que no amparen operación alguna. Esta interpretación resulta interesada y ajena al Derecho. Señala que la emisión de la factura constituye un presupuesto formal que hace surgir un crédito frente a la Hacienda Pública en la persona que lo recibe, que es la cuota del IVA que se dice soportada, además de la minoración de la tributación directa, al minorar dicho gasto la cifra de los ingresos y que es claro que el incumplimiento de la obligación de facturación constituye la emisión de facturas con datos falsas o falseados también por quien no ejerce una actividad empresarial o profesional.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGDOS BILBAO S.L.P.

martes, 5 de diciembre de 2017

¿QUÉ ES UNA HIPOTECA INVERSA? 6 RASGOS QUE LA DEFINEN


 

Muchas veces no conocemos la amplitud de productos y servicios que ofrece la banca, o al menos no conocemos en profundidad las características de alguno de ellos. La falta de información nos hace desconfiar y que pasemos por alto “algo” que pudiera ser de nuestro interés y que nos puede llegar a cubrir una necesidad real.

En este sentido nos preguntamos: ¿Sabemos qué es una hipoteca inversa? Quizá muchos sepan de qué se trata a grandes rasgos y otros muchos ni siquiera contemplen que pueda existir este tipo de producto. Pues bien, definámoslo. Según la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, una hipoteca inversa es “un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución”.

Se trata de un producto que por sus características y requisitos está destinado para un pequeño porcentaje de personas, de ahí que quizá sea poco conocido y poco promocionado por las entidades bancarias. Su nombre se debe a que en vez de acudir a la entidad financiera a solicitar un préstamo para la compra de una vivienda, aquí ya se tiene la vivienda y ésta es la garantía del préstamo.

Para ayudarnos en la tarea de conocer mejor este tipo de hipoteca el Banco de España ha elaborado la “Guía de Acceso a la Hipoteca Inversa” con el objetivo de “aclarar posibles dudas e interpretaciones de aquellos consumidores que se planteen acudir a esta vía de financiación”.

Seis características de las hipotecas inversas

Para mayores de 65 años. Es uno de los principales requisitos –tras el de poseer una vivienda en propiedad y que sea la vivienda habitual-. La ley 41/2007 en su Disposición adicional primera Regulación relativa a la hipoteca inversa contempla entre los requisitos que “el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años”. Además también contempla que pueden ser personas afectadas de dependencia o personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Cantidad del préstamo. Para determinar la cantidad que será concedida en la hipoteca inversa intervienen distintos factores. El primero de ellos es el valor de tasación de la vivienda, éste ha de ser el correcto ya que de ello depende que el prestatario obtenga el máximo importe. Junto con el valor de tasación, influyen de forma determinante la edad del solicitante y por consiguiente su esperanza de vida.

Disposición del préstamo periódicamente o de forma única. El importe del préstamo puede ser entregado al titular de una sola vez, es decir, de modo que se entregue todo el capital o bien que se realicen disposiciones periódicas, siendo aquí posibles dos maneras de modo que se realicen durante un tiempo determinado o que se hagan en forma vitalicia. Si se opta por la disposición periódica en modo temporal, desde el momento en que el titular deja de recibir capital, la deuda sigue generando intereses. La opción vitalicia ofrece estabilidad ya que se recibirá capital durante toda la vida del titular –teniendo en cuenta que la suma de cada entrega será menor-.

El acreedor solo puede exigir el pago de la deuda cuando el prestatario fallezca. Antes no es posible, así lo determina la Ley 41/2007 en una de sus disposiciones adicionales “la deuda solo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios”.

Tratamiento fiscal favorable. Ya que las rentas que se reciben conforman un préstamo, no tributan como rendimiento. Además el Banco de España en su guía apunta a que incluso el titular puede alquilar la vivienda y obtener ingresos por ella. En este caso indican que lo más aconsejable es informar a la entidad bancaria de que se va a proceder al alquiler –incluso en algunos casos la entidad exige ser informada-

Si hay herederos, éstos deben cumplir con la obligación adquirida. Al llegar el fallecimiento del titular o del último titular beneficiario, son los herederos los que adquieren un papel protagonista. Tienen distintas opciones: dejar que el banco adquiera la titularidad de la propiedad que figuraba como garantía conforme al contrato de hipoteca inversa que el fallecido estableció, mantener la propiedad de la vivienda y para ello deberán pagar el préstamo junto con sus intereses –es decir proceder a la cancelación del préstamo por el que la entidad no puede aplicar una comisión por cancelación-, o bien vender la propiedad y que con la venta se satisfaga la deuda contraída –siempre que esta opción sea viable-.

La ley anteriormente mencionada indica la importancia de la existencia de este tipo de productos “que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta”.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

lunes, 4 de diciembre de 2017

SI TE TOCA UNA CESTA EN EL SORTEO DE NAVIDAD, DEBERÍAS PAGAR A HACIENDA POR ELLA



 

Participar en rifas o comprar papeletas en numerosos locales de barrio, hipermercados, peluquerías, bares, donde el premio es una cesta navideña o lote de productos, es otra de las costumbres más arraigadas de estas fiestas, cuyos premios se adjudican en función del número que resulte agraciado en el tradicional Sorteo de Navidad.

No es lo mismo la cesta ganada en un sorteo que la entregada por la empresa como regalo. Una será una ganancia patrimonial y otra una retribución en especie.

Pero, pese a que no es nada habitual que el ganador lo declare, ni que Hacienda lo reclame, la ley especifica que cualquier ganancia patrimonial debería declararse en el IRPF, no siendo indiferente, por tanto,  las cestas y macrocestas sorteadas según el número ganador del Sorteo de Navidad.

Teniendo esto en cuenta, el contribuyente debería declarar también, por ejemplo, los regalos que recibe los días previos a su boda, las conocidas como "galas", o incluso las cestas de Navidad con las que las empresas obsequian a sus trabajadores en estas fechas.

En este punto,  existen diferencias entre las cestas que regalan las empresas a sus empleados y las que cualquiera podemos ganar en una rifa o sorteo. En el primer supuesto, es decir, la cesta de empresa, se consideraría como retribución en especie, con lo cual habría que valorar a precio de mercado esos artículos y se sumaría al salario, en el apartado de las retribuciones en especie; mientras que en el segundo caso, las cestas asociadas por ejemplo al Sorteo de Navidad del hipermercado, bar o peluquería del barrio, según recoge la Ley del IRPF, se consideran ganancias patrimoniales, que, como no derivan de la transmisión de un elemento patrimonial, van a la base general y el valor será el de mercado.

Es decir, si el próximo día 22 participamos en algún sorteo y resultamos ganadores de una gran cesta, la Ley del IRPF recoge que deberemos tributar por ello en la base general de la Declaración del IRPF correspondiente a ese ejercicio.

Ganancias en especie: Macrocestas, motocicletas, viajes, automóviles...

Es muy habitual también que, como indicábamos, además de papeletas o décimos, se apueste en tiendas y locales comerciales por rifas que cuyo ganador obtendrá llamativos artículos, desde última tecnología hasta bicicletas, automóviles, motocicletas, etcétera. En esta circunstancia, los premiados necesitarán disponer de liquidez, pues deberán hacer frente también al pago correspondiente a Hacienda por dicha ganancia patrimonial. Una alegría que finalmente se puede volver un quebradero de cabeza, pues la Agencia Tributaria obligará a su beneficiario a tributar por el premio obtenido.

Cuando esas "macrocestas" se componen de motos y coches, el afortunado deberá, además, pagar el correspondiente impuesto de matriculación, circulación y los cambios de titularidad en Tráfico. Cuando se trata de una vivienda, también deberá hacer frente a los correspondientes tributos que lleva consigo una transmisión de vivienda.

Pese a que lo habitual es que este tipo de premios no se declare, a no ser que su valor sea cuantioso, lo que debemos tener presente es que la legislación española contempla la tributación por dichas ganancias y estará en cada ciudadano declarar o no esos premios en la base general del IRPF.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

viernes, 1 de diciembre de 2017

EL CONSUMIDOR PODRÁ CANCELAR SU CUENTA CORRIENTE EN 24 HORAS


 

 

El Real Decreto-Ley de Cuentas de Pago Básicas aprobado este viernes en Consejo de Ministros propicia que las entidades de crédito estarán obligadas a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básica al consumidor. Al mismo tiempo deberá entregar al nuevo cliente un informe sobre las comisiones y lo actualizará anualmente. La norma también permitirá en 24 horas cancelar una cuenta corriente.

Al mismo tiempo, para todas las cuentas, la norma facilita al cliente el conocimiento de las comisiones que paga y la comparación con el fin de mejorar la transparencia. El Real Decreto-ley aprobado en este Consejo de Ministros, traslada a la legislación española la Directiva 2014/92/UE sobre estas materias.

Este Real Decreto-ley garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias. También busca una mayor transparencia en las relaciones entre entidad financiera y consumidor que no siempre son sencillas, sobre todo por la falta de cultura económica de éste.

Al establecer el derecho a una cuenta de pago básica, se evita que los bancos puedan discriminar a los clientes en función de su rentabilidad. Las personas que carecen de permiso de residencia también tendrán ese derecho.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima “razonable“, según han explicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

El objetivo es mejorar la inclusión financiera y potenciar el mercado europeo. Para ello se garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, se mejora la transparencia y la comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago y se agiliza el traslado de cuentas de pago.

La cuenta de pago básica es un nuevo producto bancario creado por la Directiva europea, que estará denominada en euros y que facilitará el acceso a una serie de servicios como son la apertura, utilización y cierre de la cuenta, depósito de fondos, retirada de efectivo en la entidad o en cajeros, domiciliación de recibos, uso de tarjetas de débito o prepago y transferencias. Estas cuentas tendrán una comisión máxima que fijará el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Denegación de acceso a la cuenta en supuestos muy concretos

Las entidades de crédito podrán denegar el acceso a las cuentas de pago básicas en casos muy tasados. Por ejemplo, si el potencial cliente no aporta la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo según lo previsto por la legislación nacional o si su apertura sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público.

También se podrá denegar cuando el cliente ya sea titular de una cuenta que permita realizar los mismos servicios. El Ministerio de Economía fijará mediante orden ministerial el límite máximo a aplicar en este tipo de cuentas.

Para todas las cuentas en general, el RDL establece el derecho al traslado a otra entidad o dentro de la misma, obligación que afecta a todos los proveedores de servicios de pago, no solo a las entidades de crédito.

El traslado se efectuará de forma rápida, ágil y eficaz en un periodo máximo de 13 días. Los proveedores de servicios de pago podrán denegar el traslado del saldo de una cuenta de pago a aquellos clientes que tengan obligaciones pendientes de cargo en dicha cuenta.

Cancelación de cuentas en 24 horas

Además, se va más allá de la Directiva permitiendo a los consumidores la cancelación de cuentas en 24 horas. La excepción es que el usuario tuviera contratado con el proveedor de servicios de pagos otro producto o servicio financiero para cuya gestión sea necesario mantener abierta una cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago.

En cuanto a las comisiones y también aplicable a todas las cuentas, el RDL establece que los proveedores de servicios de pago proporcionarán al cliente o potencial cliente un documento informativo de las comisiones con suficiente antelación.

Además, deberán proporcionarle cada año y gratuitamente, un estado de todas las comisiones en que hayan incurrido para los servicios asociados a una cuenta de pago.

El Banco de España podrá establecer los requisitos que deben cumplir ambos documentos, que habrán de ser precisos, breves y con una estructura clara. Dispondrá de un sitio web, de acceso gratuito, que permita comparar las comisiones que aplican los proveedores de servicios de pago.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

jueves, 30 de noviembre de 2017

LEASE BACK


 

 

Al referirnos al Lease Back, nos encontramos sin duda ante uno de esos contratos “atípicos” (al menos en el derecho español) creados en el marco de la autonomía de voluntad de las partes, consagrada fundamentalmente en nuestro derecho en el artículo 1255 del código civil.

Así lo ha venido afirmando nuestro Tribunal Supremo, que resaltando la desaparición de la figura del tercero proveedor del bien (por contraposición al leasing tripartito o típico), lo enmarca como contrato lícito y válido en el marco de dicho artículo (STS de 20 de noviembre de 1999).

Por consiguiente, se ha calificado como una operación autónoma, admisible y lícita cuya finalidad no es obtener o mantener el bien o activo enajenado, sino la de conseguir dinero evitando las solemnidades exigidas para la solicitud de un crédito, además de un reflejo indudable de solvencia de la empresa (Sentencia de la Audiencia Nacional del 9 de abril de 2012).

Estamos en lo que se ha venido a denominar como el proceso de “americanización del derecho mercantil”, y que hace referencia a como la práctica comercial estadounidense se convirtió en motor de creación de instituciones jurídico-mercantiles en el viejo continente. Y esta importación de la práctica estadounidense, surgida por tanto en el marco de los sistemas de common law (se dice que los comerciantes del Reino Unido antes de 1936 utilizaron a pequeña escala fórmulas de financiación similares) acentúa y manifiesta el papel de la autonomía de la voluntad como fuente de producción normativa, superadora por ende del papel del Estado. Lo que conecta directamente con las teorías del Derecho global o global law.

En efecto, en el marco actual del Derecho, lo que conocemos como Derecho Global o Global Law apunta hacia una nueva fase, la de la globalización o mundialización, que engloba y supera a las anteriores de europeización (a los procesos de integración regional) y a la de internacionalización (iniciada tras la segunda guerra mundial). En esta fase de la globalización nos encontramos ante la existencia de una pluralidad de reglamentaciones de origen supranacional, estatal y privada.

El fenómeno de la mundialización actual requiere un nuevo tratamiento jurídico, y este no puede venir de la “vieja estructura” del Estado. Por eso, los estudiosos del Global Law centran su atención no tanto en los procesos de producción de las normas, cuanto en los procesos de transmisión, circulación y penetración en los sistemas jurídicos de esas normas.

Esta realidad se contempla más fácilmente si centramos nuestra observación en el derecho privado, y más en concreto en el derecho regulador de las relaciones comerciales internacionales, donde como consecuencia de la menor intervención estatal y por su carácter esencialmente económico, este proceso ha comenzado con anterioridad.

Podríamos afirmar que, si en la internacionalización se hace hincapié en el estudio de las normas internacionales o internas como producto de la intervención del Estado, en la mundialización del derecho, lo relevante son no solo los procesos de creación, sino y fundamentalmente, de transmisión y penetración en los sistemas jurídicos de esas normas. Y una de las primeras conclusiones derivadas de la observación de esta nueva realidad es la de la aproximación de los dos grandes sistemas jurídicos: el del common law y el de derecho continental. No es correcto compartir la opinión dentro de la doctrina jurídica que postula sin más la existencia de una conciencia común creada por los medios de comunicación, y por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Que se ha generado una sociedad global que requiere una respuesta global proporcionada por un derecho global, por un nuevo orden jurídico.

De hecho, parte de los juristas del derecho internacional privado contemporáneo comparten una opinión radicalmente opuesta. Centrando la atención en los procesos de producción normativa, se hacen eco de la necesaria intervención de los distintos actores sociales en la formulación de las normas que han de regular sus relaciones jurídicas (agrupaciones de consumidores, profesionales, de la Administración etc).

Y ese planteamiento no es del todo erróneo, sin duda que esta “democratización” de los procesos de producción normativa es propia de nuestro tiempo. Sin embargo, quienes sostienen esta concepción olvidan la necesaria funcionalidad del derecho. El objetivo último de las normas jurídicas que es dar respuestas a las necesidades de la sociedad. De una sociedad globalizada.

Así pues, y sin dejar de poner el foco en los procesos de producción normativa, pero sin olvidar la necesaria funcionalidad del derecho, entroncamos con una concepción del derecho superador del Estado.

Si nos centramos en el entorno jurídico, podemos ver numerosos estudios que se refieren a la existencia de un derecho global en general, de un derecho administrativo global “in fieri”, de un derecho penal internacional, de un derecho del comercio internacional uniforme, de un derecho internacional privado uniforme, o de unos principios de derecho constitucional generalmente aplicables que conducen a un proceso de uniformidad también en esta rama del derecho. Dichos estudios se basan en la existencia de una jurisprudencia comparada de los Altos Tribunales nacionales, en la existencia de un grado de consenso entre las naciones que permiten concluir Acuerdos o Tratados internacionales, y en otras, quizás las más, en la existencia de unos principios generales que resultan aplicables a las distintas ramas de los sistemas jurídicos nacionales. Principios que, como en el caso del Derecho administrativo global, se extraen del estudio comparado de las distintas legislaciones nacionales y supranacionales.

Régimen jurídico del Leasing y del Lease Back en España.

En España y respecto al contrato de leasing, podemos afirmar que nos encontramos ante un contrato atípico, y ello pese a contar con una regulación expresa. Y podemos hablar de contrato atípico porque la regulación del leasing es una regulación escueta y no comprensiva del conjunto de obligaciones y derechos derivados de esta modalidad contractual. Tan solo en la Disposición Adicional Tercera de la ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (que sustituye a la ley de intervención y disciplina del año 1988) encontramos una escasísima regulación del tradicional leasing tripartito en el que existen tres empresas. El proveedor o fabricante del bien, el arrendador financiero o lessor (la sociedad de leasing) que lo adquiere siguiendo las especificaciones del arrendatario, y el arrendatario financiero o lesee.

En concreto, la ley atribuye la consideración de arrendamiento financiero a aquellos contratos “que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario”.

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miércoles, 29 de noviembre de 2017

1ª DEMANDA EN ESPAÑA PARA QUE LA ANSIEDAD DERIVADA DEL AMIANTO SE RECONOZCA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL



 

Cinco trabajadores de la empresa Honeywell, actualmente ubicada en la Zona Franca de Barcelona, han interpuesto ​la primera demanda que se presenta en España reclamando el reconocimiento como enfermedad profesional de los trastornos de ansiedad y depresión que sufren muchas de las personas que han trabajado expuestas al amianto.

Según los expertos el punto álgido a esta enfermedad de exposición al amianto se verá a partir del 2020.

La demanda reclama a cada trabajador una indemnización de 5.000 euros para estas personas con ataque de ansiedad. “Se señala que hay infracciones claras por parte de la empresa al trabajar sin medidas preventivas lógicas y hay un resultado lesivo que es la ansiedad que sufren los trabajadores por culpa  de esta situación. La empresa debe resarcir de los daños ocasionados al trabajador en este contexto”.  No se descartan más demandas de este tipo en el futuro.

Estas personas se enfrentan a la perspectiva de pasar el resto de su vida sometidos a revisiones médicas anuales para detectar la eventual aparición de algunas de las patologías potencialmente mortales que el amianto puede causar.

Según la propia inspección de Trabajo podría haber entre 1.000 y 1100 trabajadores expuestos al amianto, un material del que nuestro país fue el máximo productor europeo y que desde 2002 se prohíbe en España trabajar con él.Honeywell acumula en lo que va de año 17 sentencias -incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo- que responsabilizan a la empresa de las defunciones y enfermedades de ex-trabajadores provocadas por la exposición al amianto en condiciones de falta de seguridad. También ha recibido sanciones por falta de prevención de riesgos laborales.

“Los trabajadores tienen que hacer reconocimientos médicos. Los que han estado expuestos quince o veinte años al amianto saben que sus compañeros después de la revisión se han detectados diferentes dolencias, algunas derivadas con el cáncer”.

Lo que sucede es que el grado de ansiedad que tienen a la hora de hacer esos reconocimientos es muy fuerte por el miedo a la situación. Entendíamos que se podría pedir a la empresa daños y perjuicios por esa situación de ansiedad”, apunta Alex Tisminetzky, abogado del despacho Colectivo Ronda.

La demanda, que ha sido confeccionada por Colectivo Ronda con el apoyo de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC), se acaba de presentar ante los juzgados de lo social de Barcelona “sabemos que se admitirá y estamos a la espera que se señale la vista”, indica  Tisminetzky, abogado que ha llevado muchos casos similares en los últimos años. Y tiene un precedente directo en una sentencia dictada en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de París.

La citada asociación de afectados se ha generado por la colaboración de trabajadores de algunas empresas de Catalunya  “la mayor parte de ellas de diferentes sectores, hay algunas que han hecho trenes, frenos para vehículos e incluso  estibadores que entraban el amianto por el puerto. Puede haber cientos de afectados por el amianto”.

Nuestro interlocutor nos confirma que hay dos cuestiones “una la exposición del amianto y sus efectos que se detecta unos veinte años después y la otra la ansiedad generada por la situación de verse inmersos en este tipo de situaciones. En este caso no hay enfermedad física, sino una ansiedad de los trabajadores que piensan pueden tener una enfermedad muy grave.

En Europa se es consciente del peligro de la exposición del amianto  y hay fallos judiciales cuando en una ocasión, el Alto Tribunal parisino impuso a BOSCH – empresa que absorbió la división francesa de Honeywell- la obligación de indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeywell por “lesiones de ansiedad” en relación con la exposición al amianto que habían sufrido estos empleados.

Los trabajadores de Honeywell responsables de la demanda trabajaron diariamente, al igual que el resto de sus compañeros, en permanente contacto con el amianto, un producto que la multinacional usó en la fabricación de las pastillas de freno hasta el año 2002, cuando se hizo efectiva en España la prohibición vigente en el resto de Europa desde dos años antes de utilizar o comercializar el amianto.

Con anterioridad a esta fecha, el amianto se empleó en la fábrica de Honeywell de forma masiva y en situación de permanente incumplimiento de la normativa específica de protección de la salud de los trabajadores expuestos al amianto. Así al menos lo consideran las 17 sentencias, la mayoría ya firmes, que a lo largo de este año  han condenado a la empresa por incumplimientos en materia de protección de la salud laboral vinculados a las enfermedades y defunciones de trabajadores que formaron parte de la plantilla de Honeywell.

Falta de medidas preventivas en la empresa

La evidencia del reiterado incumplimiento de la obligación por parte de Honeywell de adoptar las pertinentes medidas de prevención contribuye de forma plenamente comprensible a acentuar la angustia de los trabajadores que aún no han enfermado pero pueden hacerlo a corto, medio o largo plazo pues las enfermedades vinculadas a la exposición al amianto presentan largos periodos de latencia, habitualmente de entre 20 y 40 años.

Siendo así, para miles y miles de trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto antes de su prohibición en 2002 o que han seguido estándolo con posterioridad, la larga latencia de las enfermedades supone vivir con la angustia permanente de saber que en cualquier momento podrían empezar a desarrollar una patología mortal.

 

Algunas de las más habituales, como es el caso del mesotelioma o cáncer de pleura, presentan una esperanza de vida que sólo en el 20% de los casos llega a los dos años, siendo inferior para el resto de víctimas.

“Convivimos a diario con el miedo. Y el peor momento son estas revisiones anuales. Esperar el resultado y confiar que será negativo, que tendremos un año más de tregua antes de volver a pasar por este trance. Y nosotros aún tenemos suerte, nos hacen estas revisiones”, señala José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) y uno de los trabajadores que ha impulsado esta demanda pionera.

Es más, “La mayoría de personas que han estado expuestas al amianto no se benefician de estas revisiones o, incluso, ni siquiera saben que inhalaban amianto o que este material es peligroso. Pero, en cualquier caso, resulta muy angustioso saber que hasta 2040 no podremos estar seguros de no llevar en los pulmones nuestra sentencia de muerte”, explica.

“La ansiedad es un problema de salud con efectos constatables sobre nuestro bienestar y la integridad física del organismo”, explica Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que asesora a los demandantes. “Y, como tal, resulta perfectamente exigible que las empresas que han expuesto sus trabajadores al amianto sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad, se hagan cargo de indemnizar estas personas por el sufrimiento de una vida entera de angustia”.

También señala que “además, aquellas personas que han desarrollado episodios de depresión y crisis de ansiedad graves por este sufrimiento, deberían ver reconocidas sus afectaciones psicológicas con el mismo trato que se da a cualquier patología de origen laboral”.
 
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martes, 28 de noviembre de 2017

UN JUZGADO IMPONE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO A UNOS PADRES POR AMENAZAR A LOS PROFESORES DE SU HIJA


 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad canaria de Santa María de Guía ha impuesto una orden de alejamiento y una multa simbólica de 180 euros a dos padres por pronunciar amenazas graves contra dos profesores durante el horario de actividad. 

El Juzgado ha decretado que se trataba de un delito leve de amenazas, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, los insultos como “zorra, puta, te voy a matar” y “te voy a romper la boca, estoy harta de ti, mi hija no va a ir más a tu clase”, proferidos por los progenitores de una de las alumnas del centro.

El incidente ocurrió en mayo de 2017, al ir a buscar los demandados a su hija a la escuela. Éstos comenzaron con las amenazas anteriormente citadas contra una de las profesoras, y al intentar el otro docente que abandonaran el centro, añadieron un “como no te quites de en medio te voy a partir la boca”.

El STEC (Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Canarias) ha asumido asesorar jurídicamente y representar a los dos docentes afectados, los cuáles solicitaron en un primer momento la ayuda de la Consejería de Educación, que ignoró dicha petición.

Delito de amenazas

El juzgado ha resaltado el “vergonzoso comportamiento de los denunciados”, añadiendo que demandar una buena educación para su hija con la actitud de proferir insultos en un centro de enseñanza donde los alumnos podrían haberlos escuchado, no es el mejor ejemplo.

Además ha calificado los comentarios explicados en la sentencia como delito de amenaza, ya que se hicieron con el objetivo de atemorizar y amedrentar a los docentes.

El órgano ha admitido los testimonios de los testigos y ha impuesto una multa de 90 euros a cada uno de los progenitores, así como la obligación de no acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, así como su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por los denunciantes, por un plazo de seis meses.

Igualmente ha impuesto los gastos derivados de todo el proceso judicial sobre los padres como los responsables criminales del caso, ya que así se establece en el artículo 132 del Código Penal.

En un comunicado enviado por el sindicato canario en relación a la sentencia, se ha criticado la falta de responsabilidad que la Consejería de Educación está demostrando al no amparar jurídicamente a los dos profesores afectados, interpelando a la necesidad de que la institución asuma sus obligaciones y preste “el asesoramiento jurídico necesario a los docentes canarios”.

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lunes, 27 de noviembre de 2017

ITER CRIMINIS



 

El Iter Criminis representa el camino que un sujeto activo (o delincuente) atraviesa desde el momento en que idea llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar en la consumación del acto criminal. Entender cómo funciona este desarrollo es especialmente importante con el fin de entender cuándo las acciones asociadas a un crimen se convierten en acciones punibles, así como las posibilidades que hay de dar marcha atrás por parte del sujeto activo en alguno de los distintos pasos, y en general las consecuencias que tiene cada una de las acciones que el delincuente lleva a cabo durante el iter criminis.

 
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viernes, 24 de noviembre de 2017

“LOS PADRES DE LA DEPENDENCIA”


 

 

Cuando recuerdo mi juventud suelo recordar un horizonte mucho más arriesgado que el panorama actual. Uno salía de casa sin móvil y sin la aplicación rastreadora de mamá  (que hoy sabe a cada momento adónde estás);  y siendo consciente de que al salir por la puerta uno era el responsable de volver a casa a salvo.

Recuerdo viajar por Europa y Turquía con una amiga a los 20 años y despedirme de mis padres para volver a hablar con ellos desde un teléfono público del aeropuerto de Frankfurt un mes y medio más tarde, avisándoles que llegaría al día siguiente a casa porque había conseguido lugar en un vuelo de vuelta.

En esa época yo solía viajar con billetes sujetos a espacio, así que nunca sabía qué día podría llegar a ningún sitio y si esa noche subiría al avión o si dormiría en un rincón del aeropuerto.

No hubo móviles ni llamadas de larga distancia en ningún momento durante aquel  viaje y recuerdo haber hervido dos docenas de huevos duros en un hostel de Amsterdam al principio del recorrido y estar comiéndome el último huevo en el ferry de Ankara a Atenas, casi 2O días después, junto con unos cacahuetes comprados en el Gran Bazar de Estambul.

Uno ahorraba al máximo, pero nunca se sentía “incomodo”, sino libre y feliz.

El viaje en aquella época era mucho más sencillo que ahora e implicaba una distancia desde la cual poder observarlo todo. No había necesidad de subir las fotos a Facebook, ni de conseguir wifi  para poder sobrevivir. 

Todo esto suena muy extraño en un mundo en donde los padres obtienen hoy el parte informativo instantáneo de los hijos y los hijos exigen hoteles cinco estrellas y vuelos sin escalas. Pero lo más llamativo es que todo esto haya cambiado en el breve lapso de solamente dos décadas.

Hoy accedemos al seguimiento intensivo de todos los movimientos de nuestros conocidos por Whats up o a través de una aplicación de rastreo.

El hijo supervisado ha dejado ya de sentirse controlado, para sentir que eso es muy normal y que su vida debe compartirse permanentemente con sus progenitores y con cualquiera que esté en línea.

El concepto de privacidad ya no tiene nada que ver con la intimidad, sino que apunta escencialmente a la seguridad digital y se limita a la elección del público en una red social.

Suelo escuchar a menudo a padres que se quejan de que los hijos no se independizan nunca y de que siguen viviendo en casa con la excusa de que la vida allí es mucho más cómoda.

Las madres en el fondo se sienten halagadas de ser ellas las responsables de que el niño de 30 esté cómodo en casa, pero a mí particularmente la prioridad de la comodidad a los treinta me produce náuseas. Quizás porque erróneamente consideré que esas dos décadas estaban pensadas para la incomodidad de generarse una vida. 

Si la comodidad es lo que prima para un individuo de 20 y 30 años, entonces ¿cuál será la prioridad de este individuo a los 60?

Siempre me resultó extraña esa gente que a los 20 y 3O años priorizaba la comodidad por sobre la libertad , y ese escenario siempre me auguró malos presagios.

Sospecho que en gran medida somos los padres controladores de hoy, los responsables de los hijos cómodos y dependientes del mañana.

Y aquellos progenitores que se resisten a serlo porque creen que la incomodidad que produce la libertad resulta escencial a cierta edad, son considerados como padres desentendidos o indiferentes.

El concepto de educación que yo tenía hasta ahora apuntaba a la independencia y al impulso hacia la libertad del individuo como fin; pero hoy ese concepto ha cambiado y el ideal educativo es el seguimiento guía y el control constante de la vida del infante desde la cuna hasta la tumba.

Esto se refleja también en la obsesión por una formación educativa organizada que no acaba nunca, (universidad, masters, doctorados), en donde todo apunta al mismo control; el adiestramiento guiado permanente, sin dejar ni un hueco disponible para el nacimiento del individuo libre.

– ” Me ignoras”  le dijo Marteen de 19 años a su padre, en una novela que escribí hace tiempo.

Y mientras John escuchaba aquel reclamo, sobre la necesidad de hostigamiento contemporáneo que echaba en falta Marteen y al que veia sometidos a todos sus amigos, John le decía;

– “No te ignoro, es que ahora me toca observar cómo te haces un hombre”.

John, que parecía un padre distante a los ojos de Marteen intentaba hacerle entender que aquella no era una ignorancia sino un permiso, algo más parecido a un abandono positivo que a una indiferencia. 

La distancia también es un regalo, incomprensible en estos tiempos de control y presencia abusiva; pero el trabajo de convertirse en un individuo es tan privado y tan personal, como lo es la libertad; ese sitio en donde lo incómodo no cuenta y la soledad duele muchas noches. (REBELDES DIGITALES)JR

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jueves, 23 de noviembre de 2017

QUÉ DEBE PROBARSE PARA LA HOMOLOGACIÓN DE UN DIVORCIO REALIZADO EN EL EXTRANJERO?


 
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que, según la Carta Política, es la Corte Suprema de Justicia.
Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra, siempre y cuando en aquellas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano. (Lea: ¿Qué requisitos deben cumplir las sentencias extranjeras para que sean homologadas en Colombia?)
Precisamente, un reciente fallo de la corporación, resuelto a la luz de las normas del Código de Procedimiento Civil (CPC), resaltó que la reciprocidad diplomática se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro país y la nación donde se profirió el fallo, de modo que en su territorio se otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicción colombiana.
A falta de esos convenios debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del referido estatuto, en la consagración en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido.
Además de lo anterior, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere del cumplimiento de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno. (Lea: Conozca cuál es el margen de apreciación del juez en el exequátur)
El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 del CPC y la providencia que se pretende se reconozca deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento” (M. P. Ariel Salazar Ramírez).
CSJ Sala Civil, Sentencia SC-54722017 (11001020300020140167900), Abr. 21/17
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