Un juzgado de
Granollers condena a BBVA a devolver los costes de formalización del préstamo
amparándose en una sentencia del Supremo.
El fallo
emitido por la Corte de Luxemburgo sobre las cláusulas suelo está animando a
los consumidores a presentar demandas contra cualquier tipo de cláusula abusiva
aplicada por la banca en las hipotecas, amparándose en una sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 contra BBVA y Popular que hasta
ahora se había invocado con cuentagotas. Hace un año declaró nula por abusiva
cualquier disposición fijada en una hipoteca que haga recaer en el cliente de
manera exclusiva la totalidad del pago de estos cargos, que suelen representar
entre el 2% y el 3% del importe del préstamo. Es decir, unos 3.100 euros en el
caso de una hipoteca tipo de 150.000 euros.
El juzgado de
primera instancia número 6 de Granollers (Barcelona), en un auto conocido ayer,
ha condenado a BBVA a devolver a una vecina de Cardedeu que tenía suscrita una
hipoteca con CatalunyaCaixa -la caja fue absorbida por el grupo-todos los
gastos de formalización de dicho préstamo, que en este caso se elevan a 3.371
euros. Incluyen la minuta de la notaría, la inscripción en el Registro de la
Propiedad y el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. "No está
acreditado que la cláusula se discutiera con el consumidor y, por tanto, se
impuso unilateralmente", dice el fallo. También ordena la restitución de
todos los intereses cobrados de más, ya que el contrato fijaba un tipo mínimo
del 3,5%, independientemente de cual fuera la evolución del euribor. Es decir,
tenía cláusula suelo.
Reparto de cargas
El juez se
apoya en la nueva doctrina del Supremo, que esgrime que "quien tiene el
interés principal en elevar a escritura pública el préstamo con garantía
hipotecaria es el prestamista, que es quien recibe el título ejecutivo
acreditativo". Basándose en este argumento, entiende que debe producirse
"una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos".
BBVA todavía
no ha decidido si va a recurrir el fallo. No obstante, desde la sentencia del
Supremo ha eliminado esta cláusula de todas sus hipotecas de nueva
constitución.
Según la OCU,
existen más de seis millones de hipotecas en vigor afectadas. Al cabo del año,
los costes de formalización se elevan a 450 millones de euros, según los
cálculos de esta organización. La práctica habitual en España es que la entidad
financiera traslade de manera tácita todo el coste del papeleo administrativo
al cliente sin que éste se suela oponer. Sin embargo, no todos los préstamos
recogen esta especificidad en el redactado del contrato.
En noviembre,
la OCU inició una campaña para animar a los consumidores a solicitar la
restitución de estas cantidades, mediante la presentación de un escrito en la
sucursal bancaria, o en su caso, acudiendo a los tribunales. Bankinter ha dado
instrucciones internas dentro de la entidad para centralizar todas estas
reclamaciones en el departamento de Atención al Cliente.
La patronal
bancaria AEB no se muestra especialmente preocupada por el recorrido que pueda
tener este nuevo frente judicial. "De momento son casos aislados que
estamos analizando con calma", señala su portavoz, José Luis Martínez
Campuzano. Una importante consultora especializada en el sector bancario
subraya que "su incidencia no es comparable" con el proceso de las
cláusulas suelo. En parte, porque la doctrina del Supremo no se está aplicando
hasta el final. "Algunas audiencias provinciales están declarando la
nulidad de estas cláusulas que cargan la totalidad de los gastos al cliente,
pero sin obligar a la devolución del dinero cuando no queda acreditado que no
existió negociación previa con el banco", explica Silvina Palacios,
letrada de Sanahuja Miranda Abogados. Por cautela, la política de este despacho
es incluir estas demandas dentro de un procedimiento donde la reclamación
principal sea la nulidad de la cláusula suelo hipotecaria o el cobro de
intereses de demora. "La gente nos llama por este tema, pero los
procedimientos en curso todavía son pocos", dice Palacios.
Sevilla
Un matrimonio
acaba de interponer una demanda en un juzgado de primera instancia de Sevilla,
con fecha 30 de diciembre, contra un banco, cuya identidad no ha trascendido,
en el que le reclama 7.912 euros. Es decir, los gastos en los que incurrió
cuando formalizó un préstamo de 275.000 euros para comprar una vivienda.
"Pronostico que va a haber un aluvión de casos en España", afirma su
abogado, Joaquín Moeckel. El letrado sevillano asegura que tiene en marcha
entre 35 y 40 procedimientos más.
Últimamente,
muchos bancos están vendiendo sus unidades de negocio de gestión hipotecaria a
terceros. El último, Banco Popular el pasado verano a una filial de Indra.
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