Almudena Vigil Hochleitner.-
Una mujer mayor entra en una notaría y anuncia su intención de crear seis
sociedades limitadas. El notario, sorprendido por el perfil de la “empresaria”
que declara como actividad económica "sus labores”, comienza a hacerle las
preguntas de rigor y le advierte de la responsabilidad que asume como
administradora de las mismas. En ese momento, la señora, preocupada, afirma: “A
mí nadie me había dicho nada de eso”. Ese es el momento en el que en la notaría
saltan todas las alarmas y se activa el sistema de detección de actividades
sospechosas de blanqueo que los fedatarios públicos tienen previstas.
Aunque este es un ejemplo muy
burdo de un caso real, en el día a día de una notaría se pueden detectar
multitud de actuaciones que despiertan sospechas aunque se produzcan con un
‘modus operandi’ más sofisticado que el anteriormente mencionado. El cruce de
datos de toda la información que maneja el notariado en su conjunto permite
detectar testaferros y sociedades pantalla o sociedades interpuestas que tratan
de ocultar quién es realmente la persona que mueve los hilos detrás de una
entidad determinada.
Es así como la información
que se maneja en las notarías de toda España puede convertirse en una fuente de
información valiosísima en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo. En este contexto, los notarios
cuentan con la Base de Datos de Titular Real, creada al amparo de la Ley
10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que permite a las autoridades
públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones,
asociaciones, partidos políticos y sindicatos, o incluso tras una maraña de
sociedades fantasmas y testaferros.
Creada en marzo de 2012, esta
base de datos, que tiene actualmente identificados a los titulares reales de
más de dos millones de sociedades y organizaciones, es única en el mundo y ha
sido valorada muy positivamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional
(Gafi). Gracias a ella es posible comprobar, en menos de tres minutos, quién es
la persona que maneja realmente los hilos de una sociedad. Bajando al detalle,
son 1.678.681 sociedades limitadas las que tienen acreditado su titular real,
68.937 en el caso de las sociedades anónimas, y 35.607 de asociaciones,
fundaciones, partidos políticos o sindicatos. Además, 446.102 titulares reales
han sido identificados como tal, ante un notario y en documento público, por
los representantes de sociedades u organizaciones.
Dificultades para seguir el
rastro de las sociedades anónimas
Aunque ya se tienen
identificados de manera acreditada a más del 80% de los titulares reales de las
sociedades y organizaciones, lo cierto es que la cifra es muy dispar si se
diferencian los casos entre sociedades limitadas (SL) y sociedades anónimas
(SA).
La actual normativa, que no
requiere la intervención del notario para la transmisión de acciones en una
sociedad anónima hace que sea muy difícil seguir el rastro en este tipo de
entidades, ya que la venta de acciones tras la constitución de las mismas no queda
registrada en documento público y permite cambiar muy fácilmente la
titularidad. Esto explica que en el caso de las SL estén identificados el 86%
de los titulares reales, mientras que en las SA el porcentaje es del 61%.
En este sentido, el Gafi ha
recomendado cambiar la normativa para que los fedatarios públicos puedan contar
también con la valiosa información procedente de las sociedades anónimas.
Toda la información que
ofrece la Base de Datos de Titular Real, creada hace cinco años, ha permitido
que jueces, tribunales, autoridades policiales y sujetos obligados por ley
(notarios, entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) hayan podido
solicitar más de 3,5 millones de informaciones sobre los titulares reales de
cientos de miles de sociedades y organizaciones.
La información contenida en
la base de datos procede del Índice Único Informatizado notarial, que es la
piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales,
financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial. Este índice
contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones
de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas físicas y jurídicas.
Utilización de sociedades
“pantalla”
Para iniciar una actividad
mercantil, lo más habitual en nuestro país es crear una sociedad de
responsabilidad limitada. De hecho, y según los datos estadísticos notariales,
en 2016 se constituyeron 105.629 nuevas sociedades, el 95,1% de responsabilidad
limitada.
La sociedad se dota de
personalidad jurídica y se convierte en un sujeto de derecho para operar en el
tráfico mercantil. Esta circunstancia es la que puede permitir utilizarla como
un medio para el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, entre
otros actos delictivos.
“El blanqueador de capitales,
por definición, pretende que el dinero obtenido de forma ilícita parezca que
procede de actividades legales. Los accionistas de muchas empresas son a su vez
otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente
complejo llegar a conocer quién o quiénes son las personas físicas que en
última instancia controlan la compañía. Estas circunstancias son las que pueden
convertir a las sociedades mercantiles en herramientas idóneas para el blanqueo
de capitales”, señala Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de
Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
“Con objeto de reducir este
uso la normativa de la Unión Europea ha tratado en diversas directivas de
generar transparencia en torno a las personas jurídicas. En aras de una mayor
transparencia que permita combatir la utilización abusiva de las personas
jurídicas, la Unión Europea obliga a los Estados miembros a que garanticen que
la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas se
conserve en un registro central situado fuera de la sociedad mercantil
correspondiente. En España este registro lo hemos creado los notarios,
convencidos de nuestro deber de contribuir a luchar contra el blanqueo de
capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, en beneficio de
la sociedad”, asegura el presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.
Quién tiene acceso a la
información
El acceso a la información de la Base de Datos de
Titularidad Real es posible únicamente para el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios
(Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; para las autoridades
judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención
del blanqueo de capitales; para los notarios, en su condición de sujetos
obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y también
para otros sujetos obligados previstos en la Ley 10/2010, tales como entidades
financieras, auditoras o entidades de seguros (previo convenio con el
Notariado).
También la Oficina Anti
Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información
que figura en esta Base.
Contenido curado por Isabel Asolo
(Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.
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